Democratizar la mediación como política pública

 

Democratizar la mediación como política pública.

Entiendo que existe en la República Dominicana, un anhelo creciente de trabajar por una efectiva convivencia pacífica, dado el incremento alarmante de situaciones o controversias que, en muchos casos por cuestiones menores no atendidas oportunamente, se están convirtiendo en sucesos trágicos y lamentables.

Dicho lo anterior, en el caso dominicano y en otros países latinoamericanos, podemos observar el desborde que han venido experimentando, los esquemas tradicionales del sistema de justicia o las estructuras del Estado para poder dirimir ese aumento progresivo en la conflictividad; que obedece a unas series de múltiples factores socioculturales, estructurales, de comportamientos; entre otras causas.

Concibo que nuestra misión de Estado, es la de proporcionar soluciones institucionales a las partes en conflictos para alcanzar una vida en paz y armonía como ciudadanía; evitando a cada quien, tomar acciones para hacerse justicia por su propio medio o la venganza privada. Por lo tanto, la tarea de dar respuesta efectiva y participación a las comunidades con sus expresiones organizadas, debe ser una prioridad mayúscula.

En este sentido y por lo antes expresado, es que se hace perentorio e inaplazable la mayor expansión y consolidación de los métodos alternos de resolución de conflictos, particularmente la mediación, en todo el territorio nacional, para todos aquellos casos que lo ameriten de acuerdo a la norma.

Esto así, para contribuir a la descongestión de los tribunales con asuntos o disputas que puedan alcanzar una solución sin necesidad de ser judicializados. Por lo que esto, ayudará a ir desplazando la cultura del litigio ante situaciones que, por su naturaleza, es posible otro tipo de abordaje y por tanto de una solución favorable a las partes en disputas.

En el entendido que la mediación suele ser un catalizador idóneo y democrático, para que el acceso efectivo a la justicia sea una realidad. Proponemos pues, las siguientes sugerencias, para ser analizadas y puesta en marcha como políticas públicas en la nación dominicana:  

Procurar la aprobación de normativas legales especializadas en resolución de conflictos (Ley General de Mediación y Conciliación de Conflictos) en el país. La mediación es una expresión democrática y oportuna de la justicia, pues en ella las personas participan directamente en la construcción de soluciones a sus conflictos.

Insertar los mecanismos alternos de resolución de conflictos en materia de condominios. Es decir, promover y fortalecer la mediación en el ámbito comunitario, escolar, familiar, juvenil, ambiental, penitenciario, entre otras realidades de socialización.

Establecer marco procedimental para la regulación, ejecución y aplicación de los métodos alternos de resolución de conflictos, a través de la implementación de protocolos, procedimientos, reglamentos, resoluciones, código de ética, criterios de calidad y normativa de habilitación y certificación.

Proveer la habilitación de Espacios de Mediación de Conflictos en todas las fiscalías barriales, donde podamos atender de manera oportuna los casos que, aunque no están tipificados dentro de las infracciones penales se puedan derivar en ello. Así como, también promover centros de mediación comunitarios, a través del Ministerio de Interior y Policía, a fin de coadyuvar con la seguridad ciudadana y una cultura de paz.

Fomentar la habilitación de espacios de Resolución de Conflictos en las estructuras municipales (Alcaldías y Juntas de Distritos Municipales), a fin de contribuir con la preservación de la convivencia pacífica; garantizando así, decisiones más democráticas, participativas e inclusivas en el orden local.

Incluir dentro de la carrera laboral de los operadores y administradores de justicia, la figura del mediador de conflictos como tercero neutral y auxiliar del Ministerio Público; función esta, que sea ejercida por personas que cumplan con el perfil y las competencias requeridas.

Desarrollar sistemas de registros, monitoreo y análisis de las situaciones de violencia y el nivel de conflictividad en los diferentes ámbitos de socialización. Aquí cabe plantear la creación de un Observatorio Nacional de la Violencia y los Conflictos.

En definitiva, urge impulsar el fortalecimiento de la mediación como política pública por parte del Estado dominicano, para que las partes en conflicto puedan dialogar y generar soluciones a conflictos, que pueden derivar por el uso irracional de la violencia en situaciones funestas.

Por tanto, es necesario intensificar los procesos de formación y capacitación en todos los ámbitos de socialización, sobre los beneficios de la mediación como solución alternativa idónea ante los conflictos; analizando a su vez, sobre el impacto que ésta genera en la sociedad.

Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. (Albert Camus)

 

ÁNGEL GOMERA

Entiendo que existe en la República Dominicana, un anhelo creciente de trabajar por una efectiva convivencia pacífica, dado el incremento alarmante de situaciones o controversias que, en muchos casos por cuestiones menores no atendidas oportunamente, se están convirtiendo en sucesos trágicos y lamentables.

Dicho lo anterior, en el caso dominicano y en otros países latinoamericanos, podemos observar el desborde que han venido experimentando, los esquemas tradicionales del sistema de justicia o las estructuras del Estado para poder dirimir ese aumento progresivo en la conflictividad; que obedece a unas series de múltiples factores socioculturales, estructurales, de comportamientos; entre otras causas.

Concibo que nuestra misión de Estado, es la de proporcionar soluciones institucionales a las partes en conflictos para alcanzar una vida en paz y armonía como ciudadanía; evitando a cada quien, tomar acciones para hacerse justicia por su propio medio o la venganza privada. Por lo tanto, la tarea de dar respuesta efectiva y participación a las comunidades con sus expresiones organizadas, debe ser una prioridad mayúscula.

En este sentido y por lo antes expresado, es que se hace perentorio e inaplazable la mayor expansión y consolidación de los métodos alternos de resolución de conflictos, particularmente la mediación, en todo el territorio nacional, para todos aquellos casos que lo ameriten de acuerdo a la norma.

Esto así, para contribuir a la descongestión de los tribunales con asuntos o disputas que puedan alcanzar una solución sin necesidad de ser judicializados. Por lo que esto, ayudará a ir desplazando la cultura del litigio ante situaciones que, por su naturaleza, es posible otro tipo de abordaje y por tanto de una solución favorable a las partes en disputas.

En el entendido que la mediación suele ser un catalizador idóneo y democrático, para que el acceso efectivo a la justicia sea una realidad. Proponemos pues, las siguientes sugerencias, para ser analizadas y puesta en marcha como políticas públicas en la nación dominicana:  

Procurar la aprobación de normativas legales especializadas en resolución de conflictos (Ley General de Mediación y Conciliación de Conflictos) en el país. La mediación es una expresión democrática y oportuna de la justicia, pues en ella las personas participan directamente en la construcción de soluciones a sus conflictos.

Insertar los mecanismos alternos de resolución de conflictos en materia de condominios. Es decir, promover y fortalecer la mediación en el ámbito comunitario, escolar, familiar, juvenil, ambiental, penitenciario, entre otras realidades de socialización.

Establecer marco procedimental para la regulación, ejecución y aplicación de los métodos alternos de resolución de conflictos, a través de la implementación de protocolos, procedimientos, reglamentos, resoluciones, código de ética, criterios de calidad y normativa de habilitación y certificación.

Proveer la habilitación de Espacios de Mediación de Conflictos en todas las fiscalías barriales, donde podamos atender de manera oportuna los casos que, aunque no están tipificados dentro de las infracciones penales se puedan derivar en ello. Así como, también promover centros de mediación comunitarios, a través del Ministerio de Interior y Policía, a fin de coadyuvar con la seguridad ciudadana y una cultura de paz.

Fomentar la habilitación de espacios de Resolución de Conflictos en las estructuras municipales (Alcaldías y Juntas de Distritos Municipales), a fin de contribuir con la preservación de la convivencia pacífica; garantizando así, decisiones más democráticas, participativas e inclusivas en el orden local.

Incluir dentro de la carrera laboral de los operadores y administradores de justicia, la figura del mediador de conflictos como tercero neutral y auxiliar del Ministerio Público; función esta, que sea ejercida por personas que cumplan con el perfil y las competencias requeridas.

Desarrollar sistemas de registros, monitoreo y análisis de las situaciones de violencia y el nivel de conflictividad en los diferentes ámbitos de socialización. Aquí cabe plantear la creación de un Observatorio Nacional de la Violencia y los Conflictos.

En definitiva, urge impulsar el fortalecimiento de la mediación como política pública por parte del Estado dominicano, para que las partes en conflicto puedan dialogar y generar soluciones a conflictos, que pueden derivar por el uso irracional de la violencia en situaciones funestas.

Por tanto, es necesario intensificar los procesos de formación y capacitación en todos los ámbitos de socialización, sobre los beneficios de la mediación como solución alternativa idónea ante los conflictos; analizando a su vez, sobre el impacto que ésta genera en la sociedad.

Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo. (Albert Camus)

 

ÁNGEL GOMERA

Cultura de paz en la República Dominicana

 

Cultura de paz en la República Dominicana

La sociedad dominicana está conmocionada sensiblemente por un oleaje abrupto de violencia; fenómeno eruptivo éste, que debemos intervenir como Estado, con la celeridad estratégica y efectiva que requiere esta preocupante problemática social.

En ese orden, se han elevado un conjunto de voces que provienen de diversos sectores o expresiones de la vida nacional, en las que se refieren a la decadencia que estamos experimentando como colectividad, por la carencia o ausencia cada vez más arraigada, de los valores que sustentan la convivencia humana.

Todo parece indicar que la incapacidad en el manejo de la inteligencia emocional ante los conflictos, está causando estragos en la construcción de relaciones sociales más saludables y una cultura de paz.

En ese sentido, se observa que la frustración, impulsividad, indiferencia y la irreflexión se está haciendo eco tendencioso en los diferentes ámbitos de socialización de la ciudadanía. El relajo de fantasear con matar en la interacción social, se está ejecutando de lo imaginario o virtual a lo real con cierta facilidad y sin límites.   

Es por ello, que se hace cada día más notoria la falta de respeto hacia la vida misma; actitud negativa ésta, que viene erosionando el ejercicio de la capacidad de asombro; y eso es sumamente peligroso, ya que perder la sensibilidad social o el dejar de asombrarnos y sorprendernos es un síntoma de que algo está fallando en nuestro sistema. 

Esa violencia que nos preocupa, tiene una dinámica o efecto expansivo con estructura espiral cancerígena, ya que cualquier acto violento por simple que pueda verse, posee probabilidades altas, de generar o desencadenar como respuestas otros actos violentos de igual o peor magnitud, si no se le presta la debida atención, mediante el diseño, implementación y monitoreo de políticas preventivas idóneas.

No podemos seguir legitimando con nuestra apatía, aquellos comportamientos, acciones o malas prácticas que validan o normalizan la cultura de la violencia y que por ende atentan contra el ser humano. La violencia es un problema social, que se aprende como una vía de resolver o dar respuestas a dificultades; y por tanto también se debería poder desaprender, desde la transformación misma de la persona.

Dada esa situación, se demanda con mayor rigor de la promoción continua y firme de una cultura de Paz, como vía para arribar a soluciones que afiancen la convivencia armoniosa entre las personas.

Partiendo de la realidad expuesta, proponemos algunos enfoques o ideas para la construcción de una cultura de paz en la República Dominicana:

Promover como Estado, la cultura de paz como un estilo o filosofía de vida, a través de políticas públicas definidas; con las que se puedan generar acciones de reflexiones que sensibilicen al individuo para internalizar de manera convincente, los medios para la construcción de una cultura de paz.

Para este fin, es fundamental impulsar la formación de una cultura cívica con actitudes basadas en la participación, la práctica de la no violencia activa, el diálogo, la tolerancia, la solidaridad y el respeto mutuo.

En ese mismo orden, es oportuno crear espacios para el desarrollo de actividades en la formación de habilidades sociales para construir una cultura de paz. Esos espacios para el diálogo deben promover el perdón y la reconciliación dentro del marco de la Justicia Restaurativa y en el ambiente comunitario.

Asimismo, urge fortalecer la educación por una cultura de paz. A tal efecto, se hace apremiante trabajar con los estudiantes procesos pedagógicos que conlleven a formar en la construcción de paz; lo que facilitará la comprensión del proceso que conduce a la plena realización de la misma, a la sana convivencia, a la participación democrática y a la resolución de conflictos.

Al respecto, es necesario mejorar la relación Estado – Escuela – familia, para lograr mayor compromiso y participación, en cuanto a la edificación de entornos seguros y positivos en el contexto educativo. Esto facilita que se aprenda a respetar las leyes, a defender y promover los derechos humanos e ir arraigando en cada ser humano una sólida cultura de paz.

También, desarrollar la resolución alternativa de conflictos, como herramientas para alcanzar la convivencia pacífica anhelada: es que, para poder contribuir al fortalecimiento de una cultura de paz, es pertinente proponer la implementación de estrategias de resolución pacífica de conflictos como la mediación, considerándola como política social que incida en la gestión y transformación positiva de los mismos.

Para tales fines, es necesario fomentar la habilitación de Espacios de Mediación de Conflictos en las diferentes comunidades del país. Con dicha medida se refuerza la capacidad de diálogo de la ciudadanía, contribuyendo de este modo a la construcción de la paz, al ejercicio de democrático y a la seguridad ciudadana.

Finalmente, implementar estrategias y políticas sanitarias de salud mental, cultura de paz y buen trato; con acciones orientadas a la recuperación de la salud mental de las personas, no sólo atendiendo los trastornos mentales sino también los problemas psicosociales graves, como los diversos tipos de violencia, los cuales generan consecuencias que de no ser abordadas contribuirán a reproducir de generación en generación este problema.

Si estás lo suficientemente preocupado por un resultado, posiblemente harás algo para solucionarlo. (Williams James)

 

Ángel Gomera

Una cultura de paz en el tránsito

 

Una cultura de paz en el tránsito

En la República Dominicana urge trabajar sin postergación ninguna, un cambio de mentalidad y cultura de paz respecto al tránsito. Este esfuerzo debe surgir de una ciudadanía decidida, empoderada y organizada en sus diferentes expresiones sociales, que haga posible combatir las aguas tempestuosas de la violencia y esos niveles existentes de agresividad irracional en calles y carreteras de todo el territorio nacional.

Salir cada día de nuestras casas y adentrarse en el tránsito, es provocar un milagro de supervivencia por los distintos riesgos que debemos asumir.

Puede considerarse como exagerado lo que acabamos de enunciar, pero veamos las estadísticas y el penoso lugar que ocupamos como país, en donde de manera lamentable y preocupante, se tiene una de las más altas tasas de mortalidad por accidentes de tránsito en el mundo.

Es que para muestra un botón, ver el soberano caos e inseguridad pasmosa que exhibe nuestro tránsito; en donde el orden, la educación, el respeto a la ley, la urbanidad y el deber ser; se aprecian como elementos extraños y extintos ante una cotidianidad que se acostumbra ante lo incierto y pierde progresivamente la sensibilidad social.

De ahí es que, ante esta vorágine alarmante, debemos propiciar una parada obligada como Estado, que evite pues, el desgaste de nuestra capacidad de asombro y acción, por ejemplo: ante esos conductores que andan a velocidad suicida, sin límites ni en su propia conciencia.

Esos mismos choferes que conducen nublado por los efectos de sustancia psicotrópicas sin reparar en el daño que puede causar o causarse. Que viven realizando competencias en plenas vías, a fin de adelantarse a montar un pasajero. Entendemos que la categoría más notoria que poseen en esas licencias de conducir es la imprudencia.

Que circulan tocando violentamente las bocinas del vehículo por doquier, fruto de una prisa aviesa y desconsiderada. Que se parquean en donde se le da la gana, sin la más mínima consideración a los demás.

Que ante un siniestro vial por más pequeño que sea, son presas fáciles del síndrome de la mecha corta por el pésimo manejo de sus emociones ante los conflictos; evidenciando la incapacidad de detenerse a pensar en las posibles consecuencias de sus reacciones desproporcionadas; las cuales pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre construir sueños o pesadillas; entre la cárcel y la libertad.

De igual manera, urge detener la pérdida de la sensibilidad social; por ejemplo: si te accidentas, los primeros auxilios que te prestan, es grabarte con un celular sin importar la condición en que te encuentras; porque al fin y al cabo lo que debe primar es viralizar tu tragedia en las redes sociales. Claro, a eso súmale el saqueo o robo que te dispensan en dicho momento de calamidad.   

Definitivamente, no podemos perder la capacidad de asombro y acción como Estado; ante esos motociclistas que se sienten seres privilegiados por las autoridades, al permitirles cruzar la luz roja de un semáforo, subirse por las aceras, caminar vías contrarias, chatear desde un celular, transitar por los pasos a desniveles.

Que viven realizando peligrosas acrobacias y carreras clandestinas, que no utilizan cascos protectores ni andan con las documentaciones al día; entre otras actitudes que gozan de una gracia especial que raya entre el indulto, la indiferencia y una amnistía automática.

Al parecer, podría estar equivocado, pero por lo visto, se está incurriendo en una práctica errónea que se puede denominar como el “olvido legal¨ de las infracciones o delitos, con la cual se procura extinguir de manera mecánica la responsabilidad de sus autores”. Esta mala práctica señalada, transgrede vilmente el principio de igualdad establecido en la Constitución de la República.

Además, es perniciosa para la consolidación de un verdadero “Estado Social y Democrático de Derecho”, sueño que anidamos como nación.

En definitiva, todo lo anterior y otras realidades no señaladas, evidencia como preocupación social y sanitaria, el recrudecimiento de la violencia del tránsito en las vías públicas de la República Dominicana.

De ahí la necesidad de construir una cultura de paz en el tránsito, como apuesta institucional para la consecución de un futuro menos violento; el cual fomenta una mejor seguridad, mayor bienestar, mejor comportamiento cívico responsable, buena convivencia democrática y equilibrio social.

Asimismo, es una estrategia oportuna y esperanzadora, con la finalidad de incidir en la disminución de las altas y penosas estadísticas de muertes en accidentes de tránsito. La suma de tanto luto eclipsa un porvenir dichoso.

De igual modo, impulsar una cultura de paz en el tránsito dominicano, favorece enormemente en la reducción de los costos de salud por la ocurrencia de tantos siniestros viales; generadores de traumas, frustraciones y discapacidades, en muchos de los casos.

Finalmente, para alcanzar la construcción de una cultura de paz en el tránsito, debe darse en torno a la cooperación y participación activa de todos los sectores de la vida nacional.

Este proceso debe partir de un análisis acabado de las causas sociales, económicas y culturales que están provocando esta terrible problemática nacional; para así generar las políticas públicas idóneas y efectivas. Mientras tanto, apliquemos el imperio de la ley en las calles y carreteras de la nación, y veremos un poco de luz y paz en el sombrío horizonte del tránsito dominicano.

“¿Queréis prevenir los delitos? Haced que las leyes sean claras, sencillas, y que toda la fuerza de la nación se encuentre condensada para defenderlas, sin que, por el contrario, ninguna parte de la misma se emplee en destruirlas. Haced que las leyes favorezcan menos a las clases sociales que a los hombres mismos.” (Cesare Beccaria)

 

ÁNGEL GOMERA