Por un Observatorio de los conflictos y delitos ambientales
Los problemas en materia de medio ambiente a los que nos enfrentamos son cada día más desafiantes y severos; estos demandan de una mejor compresión y sobre todo de una mayor conciencia ciudadana.
Estos conflictos ambientales a los que estamos constantemente sometidos surgen como contraposición entre quienes contaminan el ambiente y quienes sufren sus efectos o perciben los riesgos que ello significa en su bienestar humano.
De ahí es que conocer las posibles causas que suscitan los conflictos ambientales es un paso elemental para su resolución. Esto requiere de más conocimiento e información actualizada del funcionamiento de nuestros sistemas y hábitats naturales que fortalezcan e incrementen así, nuestra capacidad de diagnosticar el estado actual y la sensibilidad ante los cambios inducidos en ellos por la actividad humana.
También es necesario el acceso a medios, vías o herramientas que faciliten la conexión entre la solución y el conflicto; que mejoren nuestra competencia de comunicar o divulgar los problemas ambientales; que informen mejor sobre las buenas prácticas y salidas alternativas, así como sobre la situación general del medio ambiente.
Todo lo dicho anteriormente va en consonancia con lo que establece el Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (ahora conocido como Acuerdo de Escazú); el cual tiene como objetivo: “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano y el desarrollo sostenible”.
En nuestro país, observamos con mucha preocupación cómo el accionar del ser humano viene ocasionando daños a la calidad y cantidad de los componentes ambientales, generando así una contaminación progresiva y lamentable en distintos puntos de la geografía nacional. Esto ocurre consciente o inconsciente a pesar de que el derecho a un ambiente sano debe estar garantizado y tutelado por el Estado dominicano, en el entendido que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado, y este se considera una condición previa para la realización de otros derechos humanos, incluidos los derechos a la vida, a la salud y un nivel de vida de calidad.
Lo antes expuesto plantea una cuestión muy interesante, que no podemos dejar a un lado, y es que el desarrollo humano no debe ser a costo de su propia destrucción, debe realizarse en el contexto del respeto por la naturaleza, es decir por el cuidado de nuestra casa común. Obviar esto es una actitud muy egoísta generadora de daños y conflictos ambientales, los cuales se originan de la interacción de los procesos naturales asociados a los procesos económicos, sociales y culturales.
Es por lo que todo Estado necesita la utilización de mecanismos, instrumentos y políticas con el objetivo de monitorear y evitar a su vez los daños serios al ambiente y la salud de las personas. Pero que también vele y analice primordialmente las relaciones entre la población, el medio ambiente y el desarrollo humano; atendiendo las fuentes de dichos problemas de manera oportuna, prioritaria e integrada. Procurando mantener la continua preservación del orden, la tolerancia, la convivencia ciudadana, paz, tranquilidad y concordia entre unos y otros actores en un territorio habitado de manera productiva y sustentable.
De lo expresado anteriormente justifica la necesidad de la creación o habilitación en nuestro país por parte de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales con el involucramiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos naturales, de un observatorio de los conflictos y delitos ambientales que se suscitan en el país.
Se pretende a través de este, el registro, medición y análisis de los diferentes conflictos y delitos, con el fin de disponer de una data o estadísticas actualizadas según los diferentes contextos. Así como la evaluación del impacto del evento y determinaría de dispositivos de alerta temprana a través del estudio de las tendencias, tipología, focalización y respuestas dadas, que permita a su vez establecer las estrategias efectivas.
Es que cuando se mide podemos anticipar la escalada de conflictos ambientales y el desarrollo de respuestas estratégicas a estas crisis. Y este sistema permite mantener el dedo en el pulso de las dinámicas sociales ambientales que podrían degenerar en dramáticas y complejas situaciones en detrimento a un ambiente sano en la República Dominicana.
La puesta en marcha de un Observatorio de esta naturaleza sería un aporte institucional novedoso e histórico dentro del ámbito de las políticas públicas y la justicia penal ambiental. Porque como bien expresó Peter Drucker: “Lo que se mide, se controla” y “Con la recopilación de datos, cuanto antes mejor es siempre la mejor respuesta”. (Marissa Mayer).
Ángel Gomera
